Es cierto, el decreto que aprobó la regularización extraordinaria en España trae avances reales, es un triunfo de los movimientos sociales que cambia la historia y nos tiene con la llamita de la esperanza flameando fuerte. Sin embargo, no podemos dejar de decir que este triunfo derivado de la ILP fue aprobado por el gobierno y puesto en marcha bajo un procedimiento administrativo que dificultó sistemáticamente el acceso y la ejecución del mismo proceso.
El Estado diseñó una ley, sí. Pero no construyó la infraestructura para que esa ley fuera accesible. Casi 1,2 millones de solicitudes fueron enviadas exitosamente, más del doble de lo que el gobierno esperaba. Dicen que todo fue gracias a la administración pública, que fueron las empleadas y empleados públicos quienes han hecho que este proceso se desarrolle con eficacia, dicen, con vocación de servicio, ¡dicen! Y sí, no podemos negar que muches empleades públiques seguro que sí están comprometides con el proceso, pero decir que esto fue un logro de la administración pública no es solo una falta a la verdad, sino también una falta de respeto.
241 miembres tiene tan solo uno de los tantos grupos de WhatsApp que las organizaciones de base armamos para coordinarnos. Carpetas compartidas en drives que ya no dan abasto. Acompañamientos a citas. Tardes enteras creando estrategias y documentos para sortear los requisitos impuestos. Esa arquitectura invisible, sostenida a pulso, es la que ha permitido que miles de expedientes efectivamente se presentaran. Y no tan solo por la presentación efectiva a través de gestores y abogades, sino por el acompañamiento paso a paso de un proceso administrativo que requiere tiempo y recursos para llevarse a cabo.
Fueron 495 entidades colaboradoras y un sinnúmero de voluntaries… no, voluntaries así en genérico no. Quienes hemos estado ahí poniendo el cuerpo hemos sido, de manera abrumadoramente consistente, mujeres, disidencias sexogenéricas y personas migrantes (muchas veces las tres condiciones a la vez). Las mismas que ya históricamente hemos sostenido los trabajos de cuidado y que ahora, además, tuvimos que pausar nuestros trabajos remunerados y nuestra estabilidad económica.
Hay una tentación de leer este sostén comunitario como un gesto bonito, pensando que la solidaridad migrante, el cuidado entre nosotres es algo espontáneo. Y lo es. Pero reducirlo a eso oculta todo el costo que el Estado se está ahorrando de manera sistemática, porque sabe que alguien más lo va a construir gratis, o porque simplemente no le interesa que los documentos sean presentados y menos que el más de millón de personas que no tenían papeles puedan regularizarse. Una vez más, el Estado se pone una medalla que no le pertenece.
A esto se suma el contexto hostil que desplegaron las comunidades autónomas gobernadas por la derecha: se negaron a habilitar más oficinas para emitir comprobantes, propagaron campañas de odio mediáticas con bulos sobre el proceso y, ahora, interpusieron dos recursos para paralizar el proceso porque, según ellas, puede haber conflicto con el Derecho de la Unión Europea. ¡Paren el show!
Hemos trabajado sin descanso, sin remuneración, pero con la convicción intacta de que estamos del lado correcto de la historia y de que poner nuestros cuerpos es lo que hace que las políticas públicas cambien.
Escrito por Verónica desde La Creatura, [Red]Productora transfeminista