Las organizaciones de la economía social y solidaria, cooperativas, asociaciones, mutualidades, fundaciones, buscan construir formas más justas y horizontales de organización, pero ninguna de estas estructuras existe realmente fuera del sistema que intenta disputar. Es por ello que aunque fomenten la participación directa y la equidad, se ven limitadas por las dificultades para acceder a recursos en un sistema económico administrado por entidades que favorecen las estructuras jerárquicas y que buscan el lucro en todo su esplendor.
Entonces surge el cuestionamiento: ¿quiénes son realmente las organizaciones que logran acceder a financiamiento para generar proyectos culturales? ¿Por qué incluso dentro de la ESS continúan siendo legitimadas ciertas formas de hacer política, hablar, escribir y organizarse asociadas a la blanquitud? Un sistema de producción de conocimiento que se autodenomina universal, profesional, racional; pero que responde a la trayectoria histórica de despojo de otros saberes. Y así, de nuevo se vuelve a lo mismo: las organizaciones racializadas, migrantes, trans, comunitarias sostienen el trabajo territorial más precario y urgente, y quienes suelen obtener el financiamiento son aquellas estructuras capaces de traducir el dolor social a un lenguaje técnicamente financiable.
¿Quién puede vivir de hacer cultura?
Hablar de acceso a la cultura sin hablar de condiciones materiales es imposible. Crear sostenidamente requiere tiempo, estabilidad, un lugar donde vivir, una cuenta bancaria, un contrato, documentación en regla. Requiere, en muchos casos, un DNI o un NIE, una residencia, un permiso de trabajo. Es por eso que la regularización migratoria es una condición de existencia cultural. Los papeles se usan como filtro, quién no los tiene queda fuera del circuito formal, aunque lleve años sosteniendo cultura real, viva, necesaria. El sistema no lo llama cultura porque no puede cobrarlo, medirlo ni presentarlo en una memoria de actividades.
Por eso la pregunta de quién puede vivir remuneradamente de hacer cultura no puede reducirse a algo tan banal como el talento, es una pregunta sobre quién tiene el acceso lo que el sistema exige para reconocerle como legítimo. Y la respuesta siempre tiene que ver con clase, con origen, con identidad, con racialización.
El derecho a la vivienda es derecho a la cultura
Y esa misma lógica que decide quién merece ser reconocide como productor de cultura, es la que decide quién merece quedarse en el barrio donde esa cultura se produce. No puedes reunirte, crear, organizar, si la precariedad habitacional consume toda tu energía. La especulación inmobiliaria expulsa cuerpas específicas y junto a ellas expulsa culturas, lenguas, formas de estar juntes, memorias colectivas. Cuando una comunidad es desplazada por la mercantilización del territorio se pierde el tejido de relaciones en el que su cultura se reproducía, se transmitía, se transformaba.
El derecho a la vivienda, el derecho a migrar y a regularizarse, el derecho a la ciudad, son también derechos culturales. No son demandas paralelas que distintos movimientos sostienen por separado, son la misma disputa vista desde ángulos distintos. Y mientras los marcos institucionales de la cultura sigan operando como si estas condiciones materiales no existieran, seguirán financiando proyectos sobre la diversidad hechos por quienes no la viven en carne propia.
Incidencia política desde las bases: infiltrar, tensionar, redistribuir
¿cómo hacemos para salir de ese círculo vicioso? ¿Qué estrategias creativas usamos para llevar a cabo nuestros proyectos?
Es cierto, no basta con abrir convocatorias “inclusivas” si las condiciones materiales para participar siguen siendo estructuralmente desiguales. La disputa es más profunda, es por quién define qué cuenta como cultura, quién merece ser sostenide para crearla, y qué formas de organización colectiva reconocemos como productoras de conocimiento y comunidad.
Sí, es profundamente necesario desmantelar las barreras burocráticas y tecnocráticas que continúan filtrando el acceso a recursos desde parámetros de blanquitud, profesionalización y capital académico. Pero no nos olvidemos de que las organizaciones de base tenemos algo que las estructuras institucionales no pueden comprar: nos conocemos entre nosotres, sabemos cosas que no están en los informes, confiamos en las redes que creamos porque nosotres mismes somos esas redes.
Por eso podemos y debemos tensionar los códigos institucionales: infiltrarlos, usarlos estratégicamente, traducir nuestros proyectos al lenguaje financiable sin traicionar su sentido, para redistribuir recursos hacia las comunidades que los necesitan. Y también, sobre todo, fortalecer ecosistemas propios que no dependan exclusivamente de esa validación. Construir y cuidar redes, circular saberes, compartir infraestructura.
Apostamos a las redes de colaboración, a la circulación de saberes y a la construcción de comunidad como formas concretas de sostener la vida cultural fuera de la lógica empresarial. Porque la cultura (así como la historia) es nuestra y la hacen los pueblos.